Gobernador(E) declaró urgencia manifiesta para garantizar transporte escolar en La Guajira

El Gobernador de La Guajira (E), José Jaime Vega, decretó la urgencia manifiesta en el Departamento, esto como solución a la necesidad de la contratación directa del servicio de transporte escolar para las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados.

Luego de un proceso legal y administrativo se identificó que esta era la salida más rápida para garantizar la prestación del servicio de transporte escolar a los niños, niñas y jóvenes estudiantes en el departamento, ya que, luego de agotar el proceso legal, la  licitación se declarara desierta. 

 Ante la finalización por vencimiento del plazo del contrato de transporte escolar, unido a la declaratoria de desierta del proceso licitatorio en mención, es posible inferir que se vuelvan a presentar situaciones de esta naturaleza en el territorio, por lo que el gobierno departamental decretó la urgencia manifiesta como una manera de evitar alteraciones de orden público y emprender acciones rápidas y oportunas que le permitan al gobernador encargado, contratar en el menor tiempo posible el servicio de transporte escolar del cual se beneficiarán los estudiantes del Departamento.

Así mismo, tanto los rectores como las asociaciones de padres de familia de las instituciones educativas del Departamento han expresado su preocupación en relación con el tema, al tiempo que han exhortado a que se procure de manera inmediata el restablecimiento de la prestación del servicio de transporte escolar, argumentando que en su gran mayoría los niños beneficiados con dicho transporte, residen en la zona rural, situación que acrecienta la deserción escolar, que agudiza la desnutrición por cuanto al no poder trasladarse hasta la institución o centro educativo a recibir las clases, tampoco pueden acceder al programa de alimentación escolar, el cual en no pocos casos, es el único alimento que los alumnos consumen en el día, es por ello, que la falta de este servicio da al traste con la vulneración de varios derechos fundamentales de los niños beneficiarios del mismo.

El derecho a la educación y el acceso a la misma es una prioridad para la administración departamental, sin embargo, esta  situación ha generado alteración del orden público (paros y/o bloqueos de vías, protestas, etc) que han venido afectando de forma grave la sana convivencia y el normal funcionamiento de los sectores económicos del ente territorial.

Con la no prestación del servicio de transporte de manera directa se han afectado un aproximado de 7968 estudiantes de los diferentes establecimientos de los 12 municipios no certificados del departamento, según caracterización realizada por la Secretaría de Educación Departamental, situación que se ha visto reflejada en la prestación del servicio de alimentación escolar. 

A su vez, el Ministerio de Educación Nacional, previa consulta, emitió concepto frente a la posibilidad de la declaratoria de urgencia manifiesta para atender la emergencia originada por la no prestación del servicio de transporte escolar a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento de La Guajira, resaltando que para garantizar el acceso al sistema educativo, el Estado tiene el fin primordial de brindar las condiciones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes puedan ingresar a las instituciones educativas del sector oficial en forma gratuita. Sin embargo, el derecho a la educación va más allá de la asignación de un cupo escolar, por ello el Estado debe respetar, proteger y cumplir los componentes mínimos que conforman este derecho en todos los niveles del sistema educativo y por lo tanto garantizar el acceso y la permanencia del estudiante en este, a través de la implementación de otros servicios que garanticen que las escuelas estén al alcance de todos (accesibilidad material) y que sean gratuitas (accesibilidad económica). No obstante, puede ocurrir que la implementación de tales condiciones resulta insuficiente para garantizar de manera real y efectiva el servicio público de educación en zonas donde los altos índices de pobreza exigen la implementación de otras medidas necesarias para promover el acceso y la permanencia al sistema educativo, como es el caso de la prestación del servicio de restaurante escolar.