Durante una audiencia que se realizó en Valledupar con la presencia del Ministro de Trabajo,  Antonio Sanguino y de manera virtual el Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, los funcionarios llamaron la atención del agente interventor del hospital Rosario Pumarejo de López, Anselmo Hoyos, para que avance en el proceso de formalización laboral, so pena de ser sancionado ante el incumplimiento. 

Por su parte, en rueda de prensa realizada en las primeras horas del día, el agente interventor del hospital Rosario Pumarejo de López, había informado a los representantes de los medios de comunicación que no el hospital no cuenta con el presupuesto para avanzar en la formalización y por ello no se ha adelantado el proceso. Ante estas declaraciones el Ministro de Trabajo advirtió: “Yo le creo al Ministerio de Salud que es el que gira los recursos y el ministro ha dicho que hay 30 mil millones de pesos y el destino no puede ser otro que el proceso de formalización laboral, no podrá ser utilizado para órdenes de prestación de servicios mucho menos en esta época electoral. Estamos estudiando algunas denuncias que han llegado al ministerio sobre este posible direccionamiento de recursos, que significaría un mal uso, esperemos que esto no sea así ”, aseguró Sanguino. 

“El Rosario Pumarejo” aún continúa rezagado en la segunda, tercera y cuarta etapa de la formalización laboral.  El programa para este centro hospitalario contempla la formalización de 700 trabajadores entre asistenciales y administrativos. En enero de 2025 fueron formalizados los primeros 75 trabajadores del área asistencial que comenzaron a hacer parte de la planta temporal del hospital, sin embargo aún no arranca la segunda  y tercera fase que significaría por lo menos  la formalización de 300 trabajadores más, para luego finalizar con la cuarta etapa. 

Durante la audiencia se informó que el gobierno nacional destinó más de 320 mil millones de pesos para infraestructura de centros hospitalarios  en nueve municipios del Cesar y se entregaron siete ambulancias. 

En un sobrio acto institucional tomaron posesión los dos delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Departamento del Cesar con el fin de garantizar un  próximo proceso electoral transparente. 

Rodolfo Rafael Esquivia Caballero, natural de Cereté, Córdoba, es abogado, especialista en Derecho Administrativo y con estudios culminados en Derecho Constitucional (pendiente de grado). Cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado.

Esquivia Caballero quien lleva casi dos años en la Registraduría Nacional, tomó posesión como delegado departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Cesar, para el período electoral de Congreso, con el propósito de garantizar la transparencia, legalidad y confianza en el desarrollo del proceso electoral.

Jeffrie Alfredo Corpus Brown es abogado, especialista en Notariado y Registro, y actual Delegado Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Es natural de San Andrés Islas, departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, especialmente en el ámbito registral y notarial en donde se ha desempeñado como Registrador Municipal y Profesional Universitario en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés Islas, acumulando más de una década de experiencia en gestión institucional y administrativa.

Desde el año 2020, lidera la Delegación Departamental de la Registraduría en el Archipiélago, aportando al fortalecimiento de los procesos electorales y del registro civil.

La Alcaldía de Valledupar abrió oficialmente las inscripciones para las Escuelas Culturales Gratuitas para este 2026.  El proceso está habilitado desde este martes 20 de enero hasta el martes 10 de febrero, y será dirigido a la población desde los 6 años de edad, de los distintos estratos, residentes en las seis comunas de la capital del Cesar y en la zona corregimental.

La jefe de la Oficina de Cultura, Yanelis González Maestre, destacó la importancia de esta convocatoria para continuar el desarrollo y crecimiento cultural: “Invitamos a toda la ciudadanía vallenata a inscribir a los aspirantes en estos procesos formativos que llegan a los barrios, comunas e instituciones educativas, permitiendo que niños, niñas y jóvenes encuentren en el arte una oportunidad de crecimiento personal, expresión y proyección de su talento”, señaló la funcionaria.

La oferta formativa incluye procesos en: técnica vocal, acordeón, caja, guacharaca, guitarra, bajo, congas, timbales, batería, piano, instrumentos de viento madera y metal, percusión folclórica, cuerdas frotadas (violín, viola, violonchelo y contrabajo), teatro, danza (contemporánea, clásica, folclórica, urbana y popular), pintura, manualidades e instrumentos ancestrales como gaita y carrizo.

Para ello, la Oficina Municipal de Cultura dispondrá de más de 60 formadores y formadoras, con amplia trayectoria artística y pedagógica, quienes lideran los procesos en los distintos puntos de atención, garantizando calidad, permanencia y seguimiento a los participantes.

Las inscripciones y la participación en las Escuelas Culturales Gratuitas no tienen ningún costo, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el acceso incluyente y equitativo a la cultura.

Para darle dinámica y facilitar el acceso a estos procesos formativos, las solicitudes se recibirán de manera virtual a través del formulario: https://forms.gle/S7UQ9Zeq8vVR4Rm87.   Para mayor información, los interesados pueden acercarse a las instalaciones de la Casa de la Cultura Cecilia Caballero de López o a la Escuela de Música Leonardo Gómez Jr., ubicada en el parque Los Algarrobillos.

La cédula de ciudadanía es el único documento válido para ejercer el derecho al voto.

Un total de 16.992 personas que realizaron el trámite de su cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad en las diferentes sedes de la Registraduría en el departamento del Cesar no se han acercado a reclamar su documento.

De los documentos pendientes por reclamar, 9.217 son cédulas de ciudadanía y 7.775 son tarjetas de identidad. Para reclamarlos, los ciudadanos deben acercarse a la sede de la Registraduría donde realizaron el trámite, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en jornada continua.

Las personas que tramiten la cédula amarilla con hologramas tienen un plazo máximo de un (1) año para reclamarla, contado desde la fecha en la que el documento está disponible para entrega, y para quienes tramiten la cédula de ciudadanía digital en policarbonato, el plazo es de dos (2) años. Mientras que las tarjetas de identidad podrán ser reclamadas hasta su fecha de vencimiento. De no ser así, estas serán devueltas a las oficinas centrales de la Registraduría Nacional para su destrucción, teniendo en cuenta los riesgos administrativos y civiles que conlleva el mantenimiento, la custodia y el inventario de los documentos de identidad.

La Registraduría Nacional del Estado Civil hace un llamado a los colombianos para que reclamen su documento de identidad, ya que es indispensable para realizar trámites, acceder a los servicios del Estado y en el caso de la cédula de ciudadanía, es el único documento válido para ejercer el derecho al voto.

La Dirección Territorial Cesar – La Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su equipo de Asuntos Étnicos, gestionó de manera articulada con comunidades indígenas Wayúu de La Guajira la presentación de cinco demandas de restablecimiento de derechos territoriales ante la justicia especializada, como parte de los compromisos misionales establecidos para el año 2025 en cumplimiento del Decreto Ley 4633 de 2011.

Para este fin, la entidad adelantó un proceso participativo y respetuoso de la autonomía indígena, que inició con el contacto directo con las comunidades y que, después de surtida la etapa administrativa y la inscripción de los territorios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), siguió con la validación colectiva de las pretensiones en las asambleas de caracterización de afectaciones. Finalmente, este proceso ha dado un paso crucial con la presentación de las demandas que abren el camino hacia la reparación integral y la restitución de 860 hectáreas de territorio ancestral wayuu, además del restablecimiento de otros derechos vulnerados por ocasión del conflicto armado interno en el departamento de La Guajira.

Compromiso institucional con la nación Wayúu

Para Sergio Murillo Clavijo, director territorial de la URT en Cesar y La Guajira, este trabajo refleja la misión de la Unidad y el aporte al proceso de restitución de tierras, el cual se corresponde con los propósitos orientados hacia la paz en los territorios. “El acompañamiento a estas comunidades no es solo un cumplimiento legal, es una obligación ética del Estado. Cada demanda presentada es el resultado de un trabajo riguroso, concertado y respetuoso de su cosmovisión, que reafirma el compromiso de la entidad con la restitución de derechos territoriales en dignidad”, señaló.

Las demandas presentadas ante la justicia benefician a cinco comunidades wayúu del departamento de La Guajira. En el municipio de Maicao, dos procesos colectivos avanzan: el primero en favor del Resguardo Irrualú, ubicado en el corregimiento de Carraipía, que espera la restitución de 558 hectáreas de territorio y donde 154 familias (600 personas) han padecido afectaciones desde 1993 por el accionar de las Farc y estructuras paramilitares, que derivaron en: abandono forzado, asesinato de una autoridad tradicional, violencia basada en género, pérdida de la soberanía agroalimentaria y limitaciones al gobierno propio.

En este mismo municipio está la comunidad de Campamento, que agrupa a 200 familias (850 personas), víctimas desde 1995 de desplazamiento masivo y abandono del territorio, así como de violencia basada en género, afectaciones culturales y espirituales, violencia selectiva y pérdida de la soberanía alimentaria, producto del accionar paramilitar. En esta nueva etapa, en espera de justicia, pretenden la restitución de 15 hectáreas de territorio ancestral.

En Riohacha, capital del departamento, la comunidad de Mayales Quemao, ubicada en el corregimiento de Camarones, reúne a 134 familias (450 personas), quienes entre otros derechos reclaman la restitución de 110 hectáreas, por cuanto, desde 1995 padecieron confinamiento, uso indebido del territorio para cultivos ilícitos, abandono forzado por temor al reclutamiento de menores y pérdida de la soberanía alimentaria, como consecuencia del accionar de guerrilla y paramilitares, lo que golpeó de manera profunda su relación espiritual, cultural y productiva con la tierra.

Mas al centro del departamento, en el municipio de Albania, la comunidad Charito, conformada por 81 familias (500 personas), ha sido afectada desde 1993 por confinamiento, restricciones a la movilidad, enfrentamientos armados, pérdida del gobierno propio, tal como afectaciones ambientales asociadas a la explotación minera de El Cerrejón y limitaciones al desarrollo espiritual y cultural; hechos atribuidos a las Farc, el Eln y paramilitares. Ante estas afectaciones, como parte de la demanda, se solicitó la restitución de 95 hectáreas, así como la garantía para otros derechos vulnerados.

Finalmente, el Resguardo San Francisco, ubicado en zona rural de Barrancas, integra a 134 familias (500 personas) quienes desde 1992 fueron víctimas de: confinamiento, asesinatos de líderes, reclutamiento de menores, violencia basada en género y restricciones a sus prácticas culturales. Con la demanda presentada por la URT Cesar-La Guajira, además del restablecimiento de otros derechos afectados, se reclama la restitución de 81 hectáreas de su territorio ancestral.

Con esta gestión, la URT Cesar – La Guajira reafirma su presencia en los territorios y su compromiso de seguir trabajando con dignidad, de la mano con las comunidades indígenas, garantizando procesos de restitución con enfoque étnico, participación efectiva y respeto por la autonomía de las víctimas, como base para la reparación integral y la construcción de paz en la región.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) bajo la dirección de Juan Felipe Harman Ortiz, ganó una delicada batalla jurídica que garantiza que la finca La América, ubicada en Chimichagua (Cesar) y considerada uno de los antiguos bastiones del paramilitarismo, quede definitivamente en manos del campesinado. Hugues Manuel Fuentes conocido como “Comandante Barbie” no pudo quitarle la finca a las víctimas de la región.

La decisión es de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la cual protegió los derechos de los centenares de campesinos a quienes, hace un año, la ANT les adjudicó y entregó un total de 1.453 hectáreas para uso agrícola en el marco de la Reforma Agraria.

En este caso, la justicia le negó las pretensiones a Hugues Manuel Fuentes, alias “comandante Barbie”, quien tiene interés en el predio. Se trata de un ganadero que estuvo detenido en Estados Unidos por narcotráfico y quien tiene una condena en contra por concierto para delinquir por promover grupos armados.

El fallo revocó la decisión de un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, de agosto pasado, que había declarado ilegal la recuperación del predio por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entidad con la cual la ANT firmó un acuerdo jurídico para entregar La América a más de 600 campesinos.

Con esta sentencia, la Corte confirma la validez de la actuación de la ANT y la UARIV, dejando en firme la transferencia del terreno y protegiendo la destinación social acordada a los campesinos. Además, la decisión permite que los recursos de su venta (más de $16.000 millones) sean destinados a la reparación de las víctimas del conflicto.

“Ganamos en la Corte Suprema el caso de las Américas. Justicia para el campesinado de la región”, anunció el director de la ANT, Felipe Harman. A su turno, el presidente Gustavo Petro agregó en su cuenta de X, antes Twitter, lo siguiente: “Bien por la Corte Suprema, ganamos la tierra del narco Barbie para el campesinado”.

El predio La América había sido adquirido por la ANT en enero de 2025 bajo los mecanismos legales del Plan Nacional de Desarrollo. La sentencia establece que la operación se ejecutó conforme a la normativa vigente en el momento de la compra y que el magistrado de del Tribunal no tenía competencia para anular el negocio jurídico ni su registro. De hecho, la Corte concluyó que el togado incurrió en una violación al debido proceso.

Con esta decisión, la Corte Suprema ratifica que:

1. La adquisición del predio fue legal, válida y ajustada al marco normativo.

2. La entrega anticipada a las organizaciones campesinas se mantiene firme y continúa su proceso dentro de la Reforma Agraria.

3. Los bienes vinculados a estructuras criminales pueden convertirse en tierra productiva y motor de desarrollo rural cuando se actúa dentro de la ley.

Este triunfo de la justicia representa un paso decisivo para garantizar que la tierra recuperada del narcotráfico y los grupos armados al margen de la ley pase a manos de quienes la trabajan, fortaleciendo la justicia social y la soberanía alimentaria en los territorios, reconstruyendo el territorio espoliado y despojado por la guerra. La inversión de la compra de estos territorios completa un círculo virtuoso, de verdad, justicia y reparación al transferirse al fondo con el fin de indemnizar a las víctimas directas de estas estructuras ilegales.

Corpocesar participó en la sesión ordinaria convocada por el Concejo Municipal de San Alberto, con el fin de abordar la problemática que afecta al río Espíritu Santo y avanzar en la articulación interinstitucional con CORPONOR frente a los vertimientos que se registran desde el municipio de La Esperanza.

Durante el encuentro, la corporación reiteró el compromiso institucional de adelantar las acciones necesarias para brindar una solución oportuna a esta situación. 

Asimismo, Corpocesar ofreció orientación técnica sobre el manejo ambiental y las medidas que deben adoptarse para la protección y recuperación del cuerpo de agua.

Desde la Oficina Jurídica se presentó un informe sobre las medidas preventivas implementadas y los procesos sancionatorios ambientales asociados a las afectaciones del río, reafirmando la responsabilidad en el control, vigilancia y preservación de los recursos naturales del territorio.

Con estas acciones, se fortalece el trabajo articulado con las entidades territoriales y ambientales, promoviendo la gestión adecuada de los ecosistemas hídricos y la defensa de los bienes naturales del departamento.

Como una forma de reparación integral a las víctimas del conflicto armado en la región y reconociendo la importancia de construir, desde la institucionalidad, un camino hacia la verdad, la justicia y las garantías de no repetición, el Gobierno del Cesar, a través de la Oficina Asesora de Paz, acompañó el Acto de Perdón y Reconocimiento de Responsabilidad por 23 Ejecuciones Extrajudiciales. El acto fue liderado por el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, en Valledupar. 

“Estamos acompañando solidariamente a las familias víctimas, reconociendo que estos actos representan una de las violaciones más dolorosas y devastadoras que las instituciones del Estado hayan cometido contra su propia ciudadanía. Por eso desde la Oficina Asesora de Paz ofrecemos un abrazo institucional a cada madre, cada padre, cada hijo, cada hermano y a cada familia que perdió a un ser querido, cuya vida les fue arrebatada injustamente”, dijo la jefe de la Oficina Asesora de Paz del Cesar, Juana Pacheco Soto. 

Durante el acto, realizado en el auditorio de la Universidad Popular del Cesar, sede Sabanas, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional reconocieron públicamente responsabilidad por la ejecución extrajudicial de 23 personas, entre los que se encontraban indígenas de las etnias Wiwa, Kankuamos y Wayuu, así como menores de edad.

Las víctimas fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate por parte de integrantes adscritos a los batallones de Artillería N°2 La Popa y Grupo de Caballería Mecanizado N°2 Juan José Rondón, entre 2004 y 2006.

Entre las víctimas se cuentan Noemí Pacheco Zabata, niña indígena Wiwa de 13 años; Deivis de Jesús Pacheco Hernández, de 17 años; el wiwa Carlos Alberto Vega Camacho; Los indígenas wayúu Javier Pushaina Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y Gasparito Cambar Ramírez, todos de16 años; Néstor Oñate Arias, indígena Kankuamo, ejecutado tras ser sacado de la finca donde vivía; y Víctor Hugo Maestre, reconocido líder comunal, entre otros. 

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien presidio el acto, dijo: “estos hechos que hoy recordamos con profundo dolor jamás debieron ocurrir y por ningún motivo podrán repetirse. Pido perdón a las madres, padres, hijos e hijas, hermanos y hermanas a las comunidades indígenas a las que pertenecían las 23 personas que hoy no están aquí y fueron victimas de acciones criminales y reprochables, cometidas por unos exintegrantes del Ejército Nacional. Actos que ameritan un rechazo institucional y la aplicación de la justicia”. 

Las investigaciones judiciales demostraron que en ninguno de los casos existió confrontación alguna, que las víctimas estaban desarmadas y que los cuerpos fueron manipulados, uniformados y armados para fabricar resultados operacionales.  

“En algunos casos las muertes fueron perpetradas por grupos de autodefensas, quienes entregaron los cuerpos a integrantes del Ejército para simular un parte de victoria. En otros las víctimas fueron engañadas con promesas laborales, trasladándolas desde Montería y Barranquilla hasta las jurisdicciones de las unidades militares responsables de ejecuciones de lesa humanidad”, detalló el ministro Pedro Sánchez. 

Las decisiones judiciales también señalaron que estas ejecuciones se dieron en un contexto sistemático de violencia contra los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y contra jóvenes de sectores populares del Caribe. 

El hijo de Manuel Romero, una de las víctimas, durante el acto dijo que fue un hecho ocurrido hace 23 años: “Fue muy duro para nosotros, mi papá era proveedor del hogar. Nosotros los perdonamos a ustedes, porque no quiero vivir con este resentimiento de que a mi papá lo mató el Ejército”. 

Otra de las víctimas, Alba Rosa Ropero Abril, hermana de Alfredo Antonio Ropero, durante su intervención dijo: “Venimos a este acto de La Jagua de Ibirico para dejar claro que mi hermano era un ser noble, sincero que irradiaba amor y tranquilidad. Fue un soñador que creyó en la bondad de las personas y que partió a muy temprana edad por la maldad de quienes debían cuidarlo”. 

Lauro Maestre Rodríguez, hermano de Víctor Hugo Maestre, asesinado supuestamente en un combate el 4 de octubre de 2004, aseguró que “se han visto aclarados los hechos que rodearon la muerte de Víctor y lo importante es que se aclare ante el pueblo colombiano”. 

Carmen Alicia Ruidíaz Vanegas es la madre de Jaider del Carmen Valderrama y expresó: “Gracias al ministro de Defensa y en especial a las víctimas. Jaider no era un delincuente, no era ningún paraco. Era una persona que se dedicaba a las labores de publicidad y peluquería. Lastimosamente el 21 de marzo del 2003 fue sacado de la casa con engaños para un supuesto trabajo. Al día siguiente fue reportado como muerto en combate por miembros del Batallón de Artillería N°2 La Popa”. 

Las sentencias que se han emitido por la JEP han calificado estos hechos como graves violaciones de derechos humanos, homicidios en persona protegida y en varios fallos como crímenes de lesa humanidad. 

Desde la Oficina Asesora de Paz del Cesar, Juana Pacheco, reitera que “el Gobierno del Cesar ha asumido un compromiso decidido frente a la reparación de las víctimas destacándose el acompañamiento a estos actos”.

En una jornada que ratifica el avance del desarrollo en el departamento, el Gobierno del Cesar entregó inversiones por $9.000 millones para la ejecución de dos proyectos de alto impacto en los municipios de Becerril y San Diego. Las obras, enfocadas en el fomento al turismo y la atención a la población mayor, materializan el compromiso de transformar la región a través del trabajo en equipo con las administraciones municipales.

La ruta inició en Becerril, en un día calificado como histórico, donde la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila y el alcalde municipal, Fabián Martínez, sellaron el compromiso para la construcción del Malecón Turístico y Cultural La Mudanza, con una inversión de $6.000 millones por parte del Departamento. La obra está diseñada para convertirse en un nuevo epicentro de encuentro para los becerrileros y un atractivo para los visitantes, transformando por completo la entrada del municipio.

El Malecón contará con un centro gastronómico de 12 locales, un teatrino con capacidad para 300 personas, gimnasio urbano, parques canino e infantil y accesos inclusivos para personas con movilidad reducida. 

Durante el evento, la gobernadora Elvia Milena Sanjuan destacó su visión compartida de progreso: “Más que una obra de infraestructura, estamos invirtiendo en el bienestar y la economía de Becerril. Este malecón será un motor de empleo y pondrá a este municipio en el mapa turístico del Cesar. Es una apuesta por el futuro, donde los resultados hablan por sí solos”.

Por su parte, el alcalde Fabián Martínez celebró el inicio de un proyecto que nace de las aspiraciones de la comunidad. “Hoy es un día de inmensa alegría, porque el Malecón La Mudanza es una promesa que se hace realidad. Agradecemos a la Gobernadora por creer en Becerril; juntos estamos construyendo un lugar más digno para nuestras familias, la cultura, el deporte y los emprendedores”, afirmó el alcalde.

Comprometidos con los adultos mayores de San Diego

Continuando con la agenda de desarrollo, la jornada culminó en San Diego con un acto cargado de esperanza, donde se oficializó la inversión de $3.000 millones por parte de la Gobernación del Cesar, para la construcción de la Casa del Adulto Mayor. En un evento al que asistieron el alcalde Unaldo José Rocha y cientos de beneficiarios, se destacó que este espacio será un segundo hogar para quienes han dedicado su vida a la construcción de la sociedad.

El proyecto, que se edificará en un predio de 1.398 metros cuadrados, ofrecerá atención integral con salones múltiples, consultorios médicos y psicológicos, y zonas de recreación. “Esta obra se visionó, se proyectó y el alcalde tuvo el valor de hacer todo lo pertinente para estar hoy aquí. Juntos vamos a construir la Casa del Adulto Mayor. Este proyecto no solo es infraestructura, es dignidad y reconocimiento para ellos”, expresó la gobernadora, Elvia Milena Sanjuan Dávila.

El alcalde de San Diego, Unaldo José Rocha Calderón, sostuvo que con esta obra se salda una deuda histórica. “Esta es una obra de impacto porque le estamos dando hoy la dignidad que merecen nuestros abuelos. Era justo y necesario que el adulto mayor tuviera su casa propia”, señaló. 

La emoción fue compartida por los beneficiarios, como Ruth Romero, quien manifestó: “Esta obra es lo más bonito que ha hecho nuestra gobernadora por nosotros. Tanto tiempo luchando y ahora tendremos este espacio”.

Con esta doble entrega, el Gobierno del Cesar y las administraciones de Becerril y San Diego reafirman su compromiso de ejecutar proyectos que no solo transforman el paisaje, sino que quedan en el corazón de la gente como un legado de desarrollo, inclusión y nuevas oportunidades.

Gracias a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la etapa de posfallo del proceso de restablecimiento de derechos territoriales avanza en Cesar y La Guajira. En estos departamentos, la entidad da cumplimiento a la justicia para beneficiar a familias campesinas con proyectos productivos rurales y urbanos que, al implementarse, materializan los ‘Frutos de la Restitución’, que llevan seguridad alimentaria y prosperidad a las comunidades.

En este sentido, la Dirección Territorial Cesar – La Guajira de la URT recientemente aprobó 39 proyectos con una inversión de más de $2.000 millones de pesos. Estos empiezan a implementarse en zonas rurales y urbanas de ambos departamentos. Por tanto, en esta vigencia, 30 familias campesinas recibirán cerca de $57 millones de pesos cada una para proyectos en predios restituidos. Así mismo, en zonas urbanas, otros nueve núcleos familiares recibirán $35 millones de pesos cada uno, con el fin de fortalecer o crear emprendimientos en los municipios afectados por despojo o abandono forzado.

La directora territorial de la URT en Cesar y La Guajira, Piedad Ramírez Ariza, destacó la inversión, el apoyo técnico y acompañamiento que realiza la entidad en favor de las víctimas: “el proceso de restitución de tierras no termina con la entrega de predios. Más allá de eso, como entidad comprometida con los propósitos del Gobierno del Cambio y la intención del presidente Petro, cumplimos lo ordenado por la justicia, financiando y guiando la ejecución de los proyectos productivos en el campo, la ciudad y los municipios, territorios que intentan superar el conflicto con capacidad creadora y de innovación”.

Volver al territorio con dignidad productiva

Osmer Gutiérrez García es uno de los beneficiarios de sentencia reconocido como víctima por la justicia colombiana, tras abandonar las nueve hectáreas de su predio ‘Montalbán’ por hostigamiento del paramilitarismo en 2012. La intensidad del conflicto lo obligó a dejar la vocación campesina que desarrollaba desde 1992 en zona rural del corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, tierra fértil y productiva ubicada en las orillas del río Mariangola.

Más de una década después, a los 65 años, este campesino cesarense mantiene su amor por el campo y el territorio, ese que le permite volver con dignidad. En 2024, la sentencia de un juez ordenó a su favor un proyecto productivo financiado por la URT, entidad que hoy le otorga cerca de $57 millones de pesos para siembra de cacao, como rubro principal, y de plátano para cultivo transitorio, que darán sombra y sustento a la familia.

Más al centro del Cesar, en el corregimiento de Mandinguilla, municipio de Chimichagua, Ubaldo Mercado Villa, hoy adulto mayor, recuerda cómo en 1999 dejó su finca ‘Las Miradas’, de 45 hectáreas, ubicada en la parcelación Villa Luz. Hace 26 años, las Auc acusaron a la familia de ser colaboradores del Eln, ya que este último grupo armado ilegal utilizó por una semana la propiedad como sitio para pernoctar, involucrando a civiles inocentes en las hostilidades.

Fueron años de dolor y búsqueda de justicia, hasta que en 2025 la familia Mercado recibió la ‘buena nueva’ de la restitución del predio abandonado forzosamente. Como órdenes complementarias al subsidio de vivienda, el juez dispuso que la URT Cesar-La Guajira les reconociera un proyecto por más de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ahora regresan a la tierra con la posibilidad de aportar al desarrollo productivo con la propuesta de inversión en ganadería de levante, modelo que les permitirá la compra de animales de entre 18 y 22 meses, que luego de los 500 kilos podrán poner en venta en los mercados de la región.

La esperanza vuelve a ser labrada en La Jagua de Ibirico

En el recién denominado Corredor de la Vida, se cuenta otra historia de justicia y resiliencia: la que protagoniza el matrimonio conformado por David Quintero y su esposa Mayolis Álvarez. En 2003, al ser amenazados por una estructura paramilitar, dejaron su predio de más de 65 hectáreas en zona rural de Becerril.

Han pasado 22 años desde el abandono forzado de su hogar. Pero en 2025, esta familia, compensada económicamente por modulación de la sentencia a su favor, adquirió una propiedad en zona rural de La Jagua de Ibirico, donde implementará un proyecto productivo que ronda los $57 millones de pesos. Esta suma será invertida para la cría porcina de levante, iniciando con 60 cerdos que crecerán en ‘San Andrés’, nombre seleccionado por la pareja campesina para su nuevo hogar productivo.

Y Con esta gestión en favor de las víctimas en Cesar y La Guajira, la Unidad de Restitución de Tierras aporta a su reparación integral, garantizando que la justicia no solo devuelva la tierra, sino que promueva oportunidades de sostenibilidad y progreso en el territorio.