La URT Cesar–La Guajira realizó la entrega de la ‘Parcela 23’, en cumplimiento de un fallo del Tribunal Superior de Cartagena en favor de los herederos de una fallecida pareja de adjudicatarios. Así, la entidad restituye no solo una tierra, sino una herencia de vida interrumpida por el conflicto armado.

La historia de Pablo José Muñoz e Isabel Dolores Bolívar quedó marcada por el desarraigo. Hace más de tres décadas, en 1995, la violencia de la guerrilla los obligó a abandonar su predio, un terreno de 32 hectáreas en la vereda La Estrella, que el Estado les había adjudicado en 1991 a través del antiguo INCORA. No alcanzaron a ver restituida su tierra: ambos fallecieron lejos del lugar donde levantaron su hogar y sembraron esperanza.

La familia Muñoz Bolívar debió abandonar su tierra por las amenazas del grupo armado ilegal, el cual, además de asesinar a varias personas en la zona, pretendía reclutar a los hijos de Pablo e Isabel. El miedo los obligó a dejar el predio, tomando rumbo hacia lugares seguros, principalmente para los hijos, a quienes protegieron hasta sus últimos días de vida.

Pero tres décadas después, en una decisión que reivindica la memoria de quienes no pudieron volver, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena ordenó la restitución jurídica y material de la ‘Parcela 23’ a favor de la masa herencial de los esposos Muñoz Bolívar.

Hoy, los hijos de este matrimonio regresaron en su nombre a la parcela. La Dirección Territorial Cesar – La Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) acompañó todas las etapas del proceso, que avanzó con la entrega material del predio. Ellos han decidido retomar la vocación campesina en una región redefinido en dignidad como el Corredor de La Vida, del cual hace parte el municipio de La Jagua de Ibirico, en el centro del Cesar.

Por otra parte, la sentencia también reconoció la buena fe exenta de culpa de otra familia, cuyos integrantes fueron considerados legalmente como segundos ocupantes. La justicia ordenó que la URT les compense económicamente con el valor comercial del predio. De esta forma, la decisión garantiza la restitución integral y el equilibrio de derechos contemplado en la Ley 1448 de 2011.

El fallo dispuso además la asesoría jurídica gratuita por parte de la Defensoría del Pueblo para adelantar el proceso sucesoral. Así mismo, ordena la vinculación de la familia a programas de atención, vivienda rural, salud y formación laboral, además de la implementación de un proyecto productivo por más de 40 salarios mínimos legales vigentes, que será ejecutado con recursos del Grupo Fondo.

“Este resultado refleja la convicción de la URT de devolver la tierra y con ella la dignidad a las familias que sufrieron el despojo. Cada restitución es una reparación que permite reconstruir el proyecto de vida de quienes lo perdieron todo”, destacó Piedad Ramírez Ariza, directora territorial de la URT Cesar – La Guajira.

Para los hijos de Pablo José e Isabel, volver a la ‘Parcela 23’, después de tanto tiempo, significa más que recuperar una extensión de tierra: es honrar la memoria de sus padres y el esfuerzo con que un día hicieron fértil aquel rincón de La Jagua de Ibirico. La restitución cierra un ciclo de dolor y abre la posibilidad de un nuevo comienzo sobre el mismo suelo donde nació su historia, esa que volverán a escribir tras ser restituidos por el Estado. ¡Con dignidad, estamos cumpliendo!

El Centro de Comercio Luna Vallenata fue entregado a la ciudadanía, consolidándose como uno de los proyectos más importantes para el fortalecimiento de la economía popular y la dignificación del sector comercial del noroccidente de Valledupar. En el marco del acto de entrega, el delegado de la Contraloría General para la Participación Ciudadana, Campo Elías Vega Rocha, calificó la obra como un referente nacional. 

“Por lo menos debería replicarse en las ciudades capitales del país”, seguró el representante del organismo de control.

Luna vallenata es una moderna infraestructura, concebida para impulsar la productividad y mejorar la calidad de vida de más de 124 mil habitantes de la Comuna 5, y que se convierte desde hoy, en un espacio digno, seguro, organizado y al servicio de la comunidad.

Cientos de voces hoy celebran este logro de ciudad, como la comerciante Gloria Muñoz, quien manifestó que “después de 20 años ubicada en La Ceiba de La Nevada, me llena de alegría tener un espacio digno y organizado. Lo estábamos esperando hace mucho tiempo”.

De la misma manera, la habitante del barrio Tayrona, Arelys Olivero Amaya, describió el cambio del sector. “Antes esto era un lote baldío lleno de basura. Ahora no habrá negocios en la ilegalidad, tendremos comercio formal, ordenado y con seguridad. Es una gran oportunidad para todos”, expresó con emoción.

Y es que este proyecto se traduce en un hito económico y social para la Comuna 5 de la ciudad. Es por ello que la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, aseguró que Luna Vallenata marcará un antes y un después en el desarrollo del territorio. “Cuando proyectamos este lugar, lo hicimos con el propósito de generar desarrollo económico desde adentro, respaldando al sector comercial del barrio y promoviendo la economía circular en la misma comuna bajo el concepto de miniciudades.”

Asimismo, destacó que la operación y su modelo económico estructurado, permitirán garantizar la sostenibilidad del centro de comercio, multiplicando sus beneficios en el tiempo y convirtiéndolo en un referente para el Cesar y el país.

“Este será también un centro de encuentro y esparcimiento para las familias de la zona norte y noroccidental de Valledupar. Queremos que la comunidad lo sienta suyo”, agregó.

Con este proyecto, el Gobierno del Cesar demuestra que invierte recursos para impulsar el desarrollo económico de Valledupar. “Este proyecto apunta a la diversificación productiva porque entendemos que el sector comercio es uno de los mayores generadores de empleo”, afirmó el secretario de Agricultura del departamento, José Francisco Sequeda, al destacar que la Gobernación del Cesar, en articulación con Idecesar, diseñó un modelo económico que garantiza la sostenibilidad del lugar.

El funcionario añadió que esta apuesta busca impactar los indicadores de informalidad, desempleo y pobreza multidimensional, proyectando la generación de al menos 350 empleos directos e indirectos, con la posibilidad de replicar el modelo en otros municipios del departamento.

Por su parte, el contralor delegado para la participación ciudadana, Campo Elías Vega, señaló que “la conclusión de esta obra muestra la voluntad de todos los actores por buscar soluciones para la comunidad. Estos no son metros cuadrados de ladrillos: son espacios de oportunidades para incentivar la economía y el desarrollo. Aquí queda demostrado que sí podemos sacar las cosas adelante”, sostuvo.

Una obra al servicio de la comunidad

Con un área de 5.130 metros cuadrados, Luna Vallenata reúne 74 locales comerciales distribuidos en zonas de restaurantes, carnes, frutas, verduras, ropa, accesorios y misceláneas; además de bodegas, oficinas, área administrativa, baterías sanitarias, zonas de descargue y parqueo, e incluso corresponsales bancarios y sedes de entidades estatales.

Este espacio permitirá que miles de familias accedan a bienes y servicios sin realizar largos desplazamientos, a la vez que brinda mejores oportunidades a pequeños y medianos comerciantes, quienes por años ejercieron su actividad en condiciones inestables o informales.

“Luna Vallenata está bien distribuido, limpio y seguro. Aquí trabajaremos tranquilos y los compradores también se sentirán protegidos porque tendremos vigilancia”, agregó el comerciante de verduras Luis Álvarez.

De esta manera Valledupar vive un nuevo comienzo para la economía local. Luna Vallenata es más que una obra: es un símbolo de progreso, de organización y de confianza en el futuro; un proyecto que abre oportunidades, fortalece la economía popular y mejora el bienestar de toda la comunidad, porque la marcha por el desarrollo de Valledupar continúa imparable.

Con el fin de consolidar la coordinación institucional en los procesos de reparación integral, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Defensoría del Pueblo realizaron en Valledupar la segunda sesión de la Mesa Bilateral Territorial. 

Durante el encuentro, en el que participaron directivos de ambas instituciones, entre ellos de la Subdirección General y la Dirección Social de la URT, así como la Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras, se socializó la Instrucción Administrativa Conjunta para fortalecer el Acompañamiento y Representación Judicial de Solicitantes y Terceros en los procesos de Restitución de Tierras y de Derechos territoriales, firmada el 11 de junio de 2025. 

La directora territorial de la URT Cesar-La Guajira, Piedad Ramírez Ariza, valoró la oportunidad de trabajo articulado con la Defensoría del Pueblo, por el alcance jurídico que representa, en el propósito de avance en la gestión de la entidad, considerando el enfoque de ‘acción sin daño’. “La relación con las organizaciones de víctimas, con las entidades de orden territorial y nuestro despliegue en los municipios de Cesar y La Guajira, nos permite identificar casos de terceros que ocupan predios vinculados a procesos de restitución de tierras  y quienes tienen derecho al debido proceso y atención por parte del Estado”, indicó.

En el espacio se analizó el caso complejo del municipio de Pelaya y se avanzó en la definición de rutas conjuntas para la atención de terceros ocupantes. También se revisaron casos con órdenes subyacentes pendientes de cumplimiento y se concertaron mecanismos para el seguimiento, reafirmando la voluntad de las entidades de trabajar de manera armónica.

“Desarrollamos el segundo espacio de este tipo en el Cesar y el primero en el que socializamos la Instrucción Administrativa Conjunta y su protocolo. Ambos están orientados a garantizar los derechos de terceros ocupantes en el proceso de restitución de tierras”, explicó John Jairo Rincón, director social de la URT.

Rincón añadió que entre las principales conclusiones se encuentran las acciones acordadas para fortalecer la atención a terceros ocupantes, especialmente en el sur del Cesar. Así mismo, subrayó que el compromiso de la Unidad es garantizar que cada etapa de la restitución preserve el debido proceso y la equidad entre las partes, reafirmando que esta política, “solo tiene sentido si se traduce en reparación efectiva, convivencia y sostenibilidad en los territorios”.

 Acompañamiento jurídico y garantía procesal

Desde la Defensoría del Pueblo se recalcó que la coordinación permanente con la Unidad de Restitución de Tierras permite reforzar la representación judicial de los solicitantes y terceros, asegurar la atención de casos con enfoque diferencial y consolidar la presencia del Estado en los territorios.

Con esta Mesa Bilateral Territorial, la URT y la Defensoría del Pueblo avanzan en su compromiso con la defensa integral de las víctimas del despojo, el respeto al debido proceso para los terceros ocupantes y la búsqueda de soluciones sostenibles para proteger la dignidad humana y garantizar que la restitución de tierras sea un instrumento real de justicia y reconciliación.

El sueño de volver a casa se hizo realidad para Eustorgio Culma y su esposa Ana Rita Vargas. Hace 29 años, tuvieron que abandonar su vivienda en el municipio de Becerril (Cesar), tras las amenazas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Pero hoy, gracias a la gestión jurídica y acompañamiento integral de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), han regresado a su hogar.

El miedo los obligó a partir

Corría septiembre de 1996 cuando hombres armados irrumpieron en el barrio Trujillo del municipio de Becerril, buscando a un joven de la familia. No lo encontraron, pero sus amenazas fueron suficientes para sembrar el terror. Eustorgio, entonces con 53 años, tuvo que abandonar la vivienda que había comprado 10 años antes con el esfuerzo de su trabajo como obrero. 

_“Nos fuimos sin mirar atrás; esa noche se acabó la tranquilidad”_, relató. Al año siguiente, se vio obligado a vender la propiedad por un valor muy inferior. La transacción, realizada en medio del conflicto, se convirtió en un acto de despojo.

Desde entonces, la familia inició un largo camino de desplazamiento. Pasaron por Tolima, Valledupar y luego San Martín, al sur del Cesar. Allí la pareja conservó siempre la esperanza de recuperar el hogar que la violencia les arrebató. Tras acudir a la Unidad de Restitución de Tierras, lograron lo que ansiaban. 

Justicia real que devuelve hogar y dignidad

La Dirección Territorial Cesar – La Guajira de la URT acompañó este proceso y radicó una demanda ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, donde se demostró que la venta se produjo bajo coacción y dentro de un contexto de violencia generalizada. 

El fallo, emitido en marzo de este año, ordenó restituir el derecho de propiedad a la familia Culma y dispuso medidas de reparación. Entre ellas, un subsidio de vivienda y un proyecto productivo urbano como medidas complementarias para la familia. Así mismo, contempla compensaciones económicas a los opositores en el proceso, declarados con buena fe exenta de culpa. La decisión también reconoce el impacto que estos hechos tuvieron sobre los habitantes del municipio, donde cientos de familias fueron desplazadas por los paramilitares.

Con la entrega material del inmueble, la URT reafirma su presencia en el territorio y su compromiso con las víctimas del despojo. Para Eustorgio y Ana Rita, hoy adultos mayores, la justicia llegó, devolviéndoles la tranquilidad y la memoria de un hogar que resistió al olvido. 

En el marco de la estrategia E-PAIS y el programa “Abre Tus Ojos”, la Policía Metropolitana de Valledupar, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, desarrolló una jornada lúdica y preventiva dirigida a estudiantes de la Institución Educativa Milcíades Cantillo.

Durante la actividad, los niños y niñas participaron en espacios de globoflexia para estimular la creatividad y el trabajo en equipo; juegos de integración para fortalecer la convivencia y la confianza; y bailes tradicionales que promovieron el respeto por la identidad cultural. Además, se difundieron mensajes clave sobre la prevención del acoso escolar, el consumo de sustancias psicoactivas y la importancia de la sana convivencia.

El coronel Álex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, destacó que estas iniciativas buscan generar conciencia desde temprana edad, consolidando entornos escolares protectores y libres de violencia. “Nuestro compromiso es seguir trabajando articuladamente con las instituciones educativas y las autoridades locales para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló el oficial.

Gracias al apoyo de las directivas del plantel y la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se reafirma la misión de la Policía Nacional de contribuir a la formación de ciudadanos íntegros, brindando herramientas preventivas que fortalecen el tejido social desde la educación.

Con éxito concluyeron  el XVIII congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo y XVII feria de Seguridad industrial realizados durante dos días, en el auditorio del Centro de Convenciones Crispín Villazón, en Valledupar y organizados por los comités seccionales y locales de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, donde participaron más de mil personas. 

 La feria de Seguridad Industrial contó con la participación activa de los asistentes al evento académico y empresarial desarrollado en articulación con el XVIII Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta jornada se hicieron presentes 14 empresas relacionadas con: consultoría en tareas de alto riesgo, universidades con oferta de posgrados en prevención de riesgos laborales, promoción y prevención de la salud como medicina laboral, seguridad industrial, higiene industrial, mantenimiento menores y control de plagas. 

“La feria se llevó a cabo en simultanea al congreso, lo que permitió a los asistentes conocer de primera mano las buenas prácticas e iniciativas que se están implementando en distintos sectores para mejorar las condiciones de trabajo en el departamento”, puntualizó el director de la feria de Seguridad Industrial Álvaro Javier Saballet Rincón.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, participó en la apertura del XVIII Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo y la XVII Feria de la Seguridad Industrial y aseguró que  “El trabajo digno no existe sin seguridad ni sin salud. La vida y la dignidad deben estar en el centro de la política laboral”.

El ministro destacó la importancia del diálogo social y territorial para avanzar hacia un modelo laboral más humano, justo y seguro, en el marco de la LeyLaboral.

Durante el evento se hizo reconocimiento a varias personalidades de Valledupar y el Cesar, entre ellos al director del Sena Eudes Zapata, a las secretarias de salud departamental y municipal, Georgina Sanchez y Jaide Medina, entre otros. 

“Agradezco a todas las entidades gubernamentales, como Comfacesar, Gobernación del Cesar, Alcaldía de Valledupar y a Jarib Gómez  Boneth, director territorial del Mintrabajo en el departamento, por su apoyo incondicional, para la realización de estos dos eventos que se desarrollaron con  éxito total”, expresó Javier Pérez Domínguez presidente del Comité Local de Seguridad y Salud en el trabajo.

Estos eventos se convirtieron en espacios importantes para compartir experiencias y buenas prácticas en seguridad y salud laboral, y para fortalecer la colaboración entre los diferentes actores del sector. 

Después de una reñida eliminatoria, superando obstáculos con un alto grado de dificultad, el equipo Comando Élite, de la ciudad de Barranquilla, se consagró como ganador del Desafío Valledupar 2025, llevándose el premio mayor de $4 millones de pesos. El certamen fue organizado por la Caja de Compensación Familiar del Cesar, COMFACESAR, y el apoyo articulado del INDER.

El podio fue completado por los equipos Titanes Valledupar, que alcanzaron el segundo lugar, y Legendarios, de la capital del Atlántico, en la tercera posición. Ambos recibieron una premiación de $2 millones 800 mil y $1 millón 600 mil, respectivamente, junto a bonos de servicios deportivos y turísticos de Comfacesar.

El cuarto lugar fue para el equipo Comando Wakandiano, que recibió trofeo de reconocimiento por su destacada participación.

La competencia tuvo 15 equipos, provenientes de distintos departamentos de la región Caribe, quienes disputaron rigurosas pruebas, donde el cuerpo y la mente debían alinearse para conquistar la victoria en un terreno cuyas condiciones fueron bastante exigentes.

Para Ender Calderón, Coordinador de Recreación y Deportes de Comfacesar, el balance fue positivo: “Recibimos deportistas de Atlantico, Montería , Sucre, Bolívar, y del Cesar, esto nos motiva a seguir viviendo esta experiencia; porque no es solo deporte, también es un espacio para que las familias puedan compartir”

Por su parte, el Director del INDER, Alinson González, destacó el Desafío como un evento de alto valor para seguir proyectando a Valledupar como una ciudad deportiva, comprometida con el talento y la sana competencia.

Cabe resaltar, que el proceso de planeación y desarrollo de esta primera edición del Desafío Valledupar, contó con el acompañamiento del medallista olímpico y ganador del Desafío Súper Humanos 2018, Óscar Muñoz, quien con su amplia experiencia y conocimientos, contribuyó a materializar el evento.

En el marco del Desafío Valledupar, durante la semana de receso académico, se llevaron a cabo diferentes actividades y competencias deportivas en más de 10 disciplinas; así como también charlas por profesionales de la salud y el deporte, en distintos escenarios de la ciudad.

Con este tipo de actividades, Comfacesar sigue apostándole a generar espacios que promuevan el deporte y la integración de las familias, en sinergia con las entidades públicas, para seguir apostándole al turismo deportivo, posicionando a Valledupar como ciudad de eventos.

Con el objetivo de tejer una visión común sobre la sostenibilidad del territorio, el Programa Corredor de Vida del Cesar, impulsó un Diálogo Multiactor, que tuvo lugar en Valledupar, en el que participaron representantes de comunidades, organizaciones sociales, empresas privadas e instituciones como el Consorcio Alma-Natura, el Instituto Humboldt, el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira (PDPCG), Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (CREER), Fedegan, Drummond, ASOTEPROS, ASOCOPE, SOCODEVI, Visa USA, ASOVECAB, ANEI, entre otras.

Este espacio colaborativo se diseñó para escuchar, intercambiar experiencias y construir propuestas conjuntas en torno al cuestionamiento central: ¿Qué podemos hacer juntos por la transición del territorio? La actividad puso en evidencia la necesidad de aunar esfuerzos para abordar desafíos comunes como la transición energética justa, la restauración ecológica, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental, el monitoreo comunitario y la bioeconomía sostenible.

“Este espacio de diálogo multiactor nos permitió poner sobre la mesa las distintas perspectivas que hemos identificado en el desarrollo del proyecto, resaltando los procesos que ya vienen gestándose en el territorio. Más que imponer una hoja de ruta, desde el Instituto Humboldt buscamos visibilizar y fortalecer iniciativas locales que integran restauración ecológica, bioeconomía, gobernanza y organización comunitaria. Esta articulación entre actores genera confianza y contribuye de manera real a la transición hacia un modelo territorial más sostenible y diverso”, señaló Nicolás Corral, investigador del Instituto Humboldt y coordinador técnico del proyecto de Pactos por la Restauración Socioecológica y la Bioeconomía Sostenible del Corredor de Vida.

El Programa Corredor de Vida del Cesar: Perijá–Zapatosa es una apuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por impulsar la restauración ecosistémica y la transición territorial en zonas afectadas por la minería, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Este proceso, financiado por el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, integra acciones en restauración ecológica, educación ambiental, bioeconomía, gobernanza ambiental, monitoreo comunitario y construcción de paz, con participación activa de actores locales en seis municipios del departamento del Cesar y uno del Magdalena.

“Hoy demostramos que es posible trabajar juntos en un territorio diverso y complejo, con la participación de actores nacionales, regionales y locales. Este diálogo multiactor es un paso clave para construir una narrativa compartida sobre la transición que vive el Corredor de Vida, una narrativa que no polarice, sino que incluya”, expresó Amaury Padilla Cabarcas, director del PDPCG.

“Los retos son claros: mantener conversaciones basadas en la escucha sin prejuicios, poner en el centro la vida como bien común, y reconocer la capacidad de agencia y sabiduría de las comunidades locales. La transformación solo será posible si se planifica y se gestiona colectivamente, cerrando espacios a la exclusión y a la corrupción”, añadió.

Nelson Cadavid, coordinador de Transiciones de Creer en el Cesar, otra de las organizaciones organizadoras del encuentro, expresó: “Tras una década de trabajo en el Cesar, hemos pasado de promover espacios de diálogo y participación —donde distintos sectores aprendieron a escucharse y construir en conjunto— a consolidar una visión de desarrollo productivo articulado entre empresas, instituciones, comunidades y actores de la cooperación internacional. Hoy, ese camino nos permite hablar no de un corredor minero, sino de un corredor de vida, donde el desarrollo sea sostenible e inclusivo.”

Por otro lado, el alto ejecutivo de CREER manifestó que, “no se trata de estar a favor o en contra de la minería, sino de entender que las transiciones deben ser graduales, sostenibles y construidas con la participación de todos los actores. Hace unos años la minería aportaba el 54 % al PIB del departamento y hoy aporta el 40 %. La pregunta es: ¿dónde está ese 14 % restante? Más que cerrar puertas, el reto está en diversificar la economía del Cesar con responsabilidad y visión de futuro.”

 Participación de la comunidad

Desde la perspectiva comunitaria, el diálogo fue también una oportunidad para fortalecer la participación activa en los procesos de restauración ambiental que lidera el Consorcio Alma-Natura, al igual que el Instituto Humboldt, con el impulso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.

“Este diálogo ha sido una oportunidad valiosa para visibilizar tanto los avances como las necesidades del territorio. Como comunidad, sentimos que estas alianzas con instituciones como el Instituto Humboldt y el Consorcio Alma-Natura nos permiten participar activamente en procesos de restauración y conservación ambiental, que son urgentes en zonas afectadas por la actividad minera”, destacó Marcelis Edith Peña Orozco, presidenta de ASOTEPROS, en La Jagua de Ibirico.

“Nuestro papel es aportar desde el conocimiento local, aprender y sumar esfuerzos para proteger el territorio. La restauración no es solo un tema técnico, es una necesidad vital para las comunidades que vivimos aquí y que queremos dejar un mejor ambiente a las futuras generaciones”, concluyó.

Como cierre del encuentro, el coordinador técnico del Consorcio Alma-Natura, Gustavo Segura, resaltó la importancia de la restauración como una herramienta real de transformación social:

“La transición del Corredor de Vida no solo es energética o productiva: es también una transición ética y cultural. Restaurar la naturaleza es restaurar el tejido social, los saberes, los vínculos con el territorio. Desde Alma-Natura creemos en un modelo de restauración participativa, donde las comunidades son protagonistas, no solo beneficiarias. Por eso, este diálogo es también una semilla que sembramos colectivamente para cosechar un futuro más justo y biodiverso en el Cesar y el Magdalena”.

Este diálogo reafirma que la transición no es un proceso exclusivo de expertos ni de gobiernos: es una construcción colectiva, donde el conocimiento local, la voluntad política y la acción conjunta son claves para transformar el Corredor de Vida en un modelo de sostenibilidad, participación y esperanza.

En 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), está impactando la Caja de Compensación Familiar del Cesar (COMFACESAR), a través de programas sociales, económicos y ambientales en las líneas de educación, salud, vivienda, subsidio monetario, empleo, recreación y deportes. Así lo dio a conocer el director administrativo, Frank Montero Villegas, durante el conversatorio “Construyendo Futuro: Materialidad de los ODS en Proyectos Empresariales”, en el marco del XVIII Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo y la XVII Feria de Seguridad Industrial. 

“Solo a través del Subsidio Familiar y su cuota monetaria entregamos, en 2024, más de $53.800 millones a un promedio de 110.480 personas afiliadas beneficiarias de este servicio”, precisó Montero Villegas, refiriéndose a la materialidad del ODS 1: Fin de la pobreza.

Este escenario académico también contó con la participación de Ezequiel Quintero, jefe de Regulación Empresarial de Caribemar de la Costa Afinia y del ingeniero Darwin Sastoque, líder corporativo SSTA de OMC Operadora Minera de Colombia, quienes también compartieron sobre sus organizaciones.

El ODS 17 – Alianzas para lograr los Objetivos fue uno de los ejes principales del conversatorio, destacando la importancia de la articulación interinstitucional para generar transformaciones sostenibles en los territorios.

Compartiendo la experiencia de la Caja de Compensación, el Director expresó: “Creemos que la sostenibilidad se construye desde las acciones cotidianas y las alianzas estratégicas son de suma importancia en este proceso. En los últimos cinco años hemos beneficiado a más de 52.700 personas con programas que nos consolidan como un operador social líder en el Cesar, demostrando que las alianzas público–privadas son el motor que convierte los compromisos en resultados concretos”.

Finalmente, este espacio no solo permitió compartir experiencias, sino también evidenciar los retos que enfrentan las organizaciones, sin importar su tamaño, para integrar los ODS en su gestión, no como una simple declaratoria, sino como una verdadera herramienta que genera valor. Así lo destacó Eliana Preciado, Gerente Regional Costa Caribe del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) y moderadora del conversatorio.

El Congreso de SST fue organizado por los Comités Seccional y Local de Seguridad y Salud en el Trabajo del departamento del Cesar, tuvo como escenario el Centro de Convenciones Crispín Villazón de Armas y reunió a más de 700 asistentes de diferentes sectores.

La Policía Metropolitana de Valledupar ha dispuesto un dispositivo de seguridad con más de 700 uniformados que estarán desplegados en todo el territorio metropolitano para garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo de los eventos culturales, deportivos y religiosos programados para este fin de semana festivo. Las actividades contarán con el acompañamiento de especialidades como la Policía de Infancia y Adolescencia, Turismo y Patrimonio Nacional, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia, el Gaula Policía, la Policía Comunitaria, la Patrulla Púrpura, el Grupo GOES y personal del Nuevo Modelo del Servicio de Policía.

El teniente coronel Hernán Mauricio Torres, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, señaló que estos dispositivos de seguridad buscan brindar confianza y prevenir cualquier alteración del orden público. “Estamos comprometidos con la seguridad de todos los ciudadanos y visitantes. Por eso, hemos diseñado un plan de acompañamiento integral que permita el desarrollo seguro de cada uno de los eventos programados”, afirmó el oficial.

Entre los eventos que tendrán acompañamiento especial se encuentran las tradicionales fiestas en el corregimiento de Atánquez, las festividades en el barrio 12 de Octubre, la Media Maratón de Valledupar, el Encuentro de Clubes Moteros y el partido de fútbol entre Alianza FC y Junior de Barranquilla.

Se espera que propios y turistas puedan disfrutar de las distintas actividades culturales y deportivas con responsabilidad y respetando las normas. La Policía Metropolitana de Valledupar está invitando a los ciudadanos para que, ante cualquier acto o situación sospechosa marque el número 123 o se dirija al CAI más cercano